El mes pasado, la octava ley de educación en la historia democrática de España fue aprobada por el congreso, lo cual generó una tormenta de ira y protesta. Uno de los aspectos más controvertidos de dicha ley es la eliminación de un pasaje que establece que el español de Castilla (castellano) es la “lengua vehicular” de España. Los comentaristas de derecha ven esto como una concesión al modelo de “inmersión lingüística” de Cataluña que utiliza el catalán como lengua principal de instrucción en la región autónoma. El gobierno minoritario de España depende del apoyo de los partidos regionales para aprobar la legislación.
Gloria Lago, líder de Hablamos Español, un grupo de presión que hace campaña para que haya una mayor educación en español en regiones con idiomas minoritarios, le dijo a Financial Times: “Este es un intento para asegurar que el español no sea un idioma con presencia en todo el país. Esto hace que sea muy difícil trasladarse de una parte del país a otra, sobre todo si se quiere que los hijos aprendan en español”.
El gobierno sostiene que el objetivo es que los estudiantes de regiones bilingües dominen el español y su idioma provincial. Incluso el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes advierte en contra de criticar el cambio: “Debemos tener mucho cuidado con las diferencias de idioma que se utilizan para fomentar tensiones y odio, cuando nuestra diversidad cultural –incluidas las lenguas maternas minoritarias que merecen apoyo democrático– es parte de nuestra fuerza “.
Sin embargo, el sector más conservador de la Real Academia Española ha pedido que la ley no “ponga en tela de juicio el uso del español en ningún territorio del estado ni promueva obstáculos en la educación de los ciudadanos en su lengua materna”.
El Partido Popular opositor afirmó que la legislación representaba una “ruptura en sus sistemas de libertades y constitución” y ayudó a organizar manifestaciones en toda España en contra de esta medida, la cual aún requiere la aprobación del Senado. Los partidarios de la ley afirman que la problemática acerca del idioma es una desviación para socavar el propósito principal de la ley, que es nivelar el campo de juego entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, a menudo religiosas, que reciben fondos públicos y educan a una cuarta parte de los estudiantes del país.
Fue solo en 2013, bajo un gobierno más conservador, cuando se introdujo la referencia del español como idioma de instrucción.
“La acusación de que estamos tratando de deshacernos del español no podría estar más lejos de la verdad. Esta ley garantizará que cualquier alumno salga de la escuela hablando castellano y cualquier otra lengua, sea catalán, vasco o gallego, ambas con un buen nivel de competencia”, le dijo a VOA Juan Mena, portavoz de educación de En Comú, un partido de izquierda. “La mención de que el español ya no es el idioma principal se debe solo a que las leyes de educación anteriores decían que el español debe ser el idioma principal incluso en las regiones donde se hablan otros idiomas”.
